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Loreto Ferrer y la experiencia en cooperación internacional en el caso Ngöbe Buglé

Loreto Ferrer


Los proyectos de infraestructura suelen plantear debates complejos cuando afectan a comunidades indígenas, especialmente en asuntos vinculados al territorio, la consulta previa y la protección de derechos colectivos. En América Latina, uno de los casos que generó especial atención fue el de las comunidades Ngöbe Buglé en Panamá, afectadas por la construcción de la represa Chan 75.

En este escenario, Loreto Ferrer integró el equipo de especialistas que llevó a cabo una misión de verificación promovida por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (FCGAE). El trabajo desarrollado sobre el terreno permitió recopilar información sobre la realidad de las comunidades y producir un informe jurídico y técnico acerca de los efectos del proyecto, prestando especial atención a su eventual tratamiento ante instancias interamericanas de derechos humanos.

La labor de verificación realizada en Panamá

La misión tuvo lugar del 25 al 30 de enero de 2011 y fue conformada por un grupo de abogados expertos en derechos humanos. Su propósito consistió en examinar directamente la situación de las comunidades afectadas por la edificación de la presa y comparar la información oficial con los testimonios de la población. Con ese fin, el equipo sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la empresa a cargo del proyecto, organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo, para luego trasladarse a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, donde recorrió las áreas impactadas.

Durante la visita, se exploraron comunidades como Charco de la Pava y Valle del Rey, junto con zonas de reubicación y espacios ya transformados por la obra. El trato directo con las familias y los líderes comunitarios constituyó un eje esencial del trabajo, pues brindó la posibilidad de comprender de forma inmediata el grado de tensión, vulnerabilidad y desarraigo que muchas personas habían experimentado desde que inició el proyecto.

Los ejes más relevantes del informe referente a Chan 75

El análisis se estructuró en cinco ámbitos centrales: el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; la valoración de riesgos junto con el efecto social del proyecto; la devolución o compensación de tierras; las acciones de reparación; y la implicación de la comunidad en las decisiones y en los beneficios que surgen del desarrollo hidroeléctrico. Estos pilares posibilitaron examinar el caso de manera completa, integrando el marco jurídico nacional e internacional con la realidad constatada en terreno.

Según informó Loreto Ferrer, el informe buscaba ofrecer una base jurídica sólida y documentada que pudiera ser útil tanto para las comunidades afectadas como para las instituciones responsables. El propósito no era limitarse a cuestionar el proyecto desde una posición abstracta, sino evaluar si la actuación estatal y empresarial había respetado derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como la propiedad colectiva, la participación, la integridad personal y cultural, y la consulta previa.

Hallazgos clave sobre los derechos de las comunidades Ngöbe Buglé

Entre las conclusiones más destacadas, el informe expone que inicialmente no se reconocieron plenamente sus derechos, en especial lo relativo a la personalidad jurídica de las comunidades y a la titularidad colectiva de sus territorios. Esa ausencia abrió la puerta a que la obra continuara sin consultas apropiadas ni análisis suficientes sobre sus repercusiones sociales y culturales.

También se recogieron testimonios sobre intimidación, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y procesos de negociación que no garantizaban una decisión libre por parte de las familias afectadas. A ello se sumaron problemas en las zonas de reubicación, donde se identificaron deficiencias relacionadas con el tamaño y la calidad de los terrenos, las posibilidades de agricultura y la adecuación de las viviendas a la cultura Ngöbe.

Otro punto especialmente sensible fue el impacto moral y cultural del desplazamiento. La documentación del caso mostró afectaciones al tejido comunitario, pérdida de referencias territoriales y una demanda de reconocimiento público por los daños causados, más allá de las reparaciones materiales.

El eventual trámite frente a organismos internacionales

Uno de los elementos importantes del trabajo era que el informe pudiera servir como insumo en un eventual recorrido del caso ante el sistema interamericano de derechos humanos. En ese sentido, la recopilación de testimonios y la revisión documental resultaban claves para sostener un expediente con proyección internacional. “Era importante  generar elementos útiles en caso de que la Corte Interamericana decidiera abrir el caso. Por eso recopilamos testimonios, identificamos patrones de actuación, revisamos los contratos de reubicación y analizamos las reformas legislativas recientes”, explica Loreto Ferrer.

Este tipo de procedimientos demanda una documentación minuciosa, un examen técnico detallado y la habilidad de interpretar tanto el entorno local como los estándares internacionales pertinentes. Por ello, más que una acción aislada, el trabajo directo en terreno junto con la preparación del informe se integran en una dinámica de cooperación internacional sustentada en evidencia, análisis jurídico y comprensión de realidades sociales complejas.

Un ejemplo específico inserto en una vivencia más extensa

La participación de Loreto Ferrer en esta misión evidencia una labor profesional estrechamente relacionada con la cooperación internacional, la elaboración de documentación técnica y el examen detallado de casos complejos en América Latina. No consiste únicamente en acompañar procesos desde el ámbito jurídico, sino también en aportar a que las vivencias de las comunidades se transformen en insumos valiosos para la incidencia institucional y la protección de derechos.

En una mirada amplia, tanto el caso Ngöbe Buglé como el informe relativo a Chan 75 evidencian que los equipos técnicos pueden asumir un papel significativo al analizar disputas que abarcan territorio, comunidades indígenas, procesos de desarrollo e instancias internacionales.

Por Rodrigo Mena